Juez procederá con investigación por desacato después de que EE.UU. deportó a migrantes a El Salvador
(AP) -Un juez federal anunció el miércoles que tiene planeado avanzar rápidamente en una investigación por desacato contra el gobierno del presidente Donald Trump por no haber ordenado el regreso de los aviones que transportaban a migrantes venezolanos hacia El Salvador en marzo pasado.
El juez James Boasberg, en Washington, dijo que el fallo del Tribunal Federal de Apelaciones para el Distrito de Columbia del pasado viernes lo facultó para proceder con la investigación, la cual determinará si existen evidencias suficientes para remitir el asunto para ir a juicio.
Solicitó a los abogados que identifiquen a testigos y ofrezcan planes sobre cómo llevar a cabo la investigación. Añadió que le gustaría comenzar cualquier audiencia el 1 de diciembre.
El juez ha advertido previamente que podría buscar que funcionarios gubernamentales sean procesados.
El pasado 15 de marzo, Boasberg ordenó que los aviones en los que se transportaba a presuntos pandilleros regresaran de inmediato a Estados Unidos, pero en su lugar las aeronaves aterrizaron en El Salvador, donde los migrantes fueron retenidos en una prisión de máxima seguridad.
“Estoy autorizado para proceder tal como tenía la intención de hacerlo en abril, hace siete meses”, dijo el juez durante una audiencia el miércoles. Añadió más tarde: “Ciertamente tengo la intención de averiguar qué sucedió ese día”.
Boasberg dijo que le parecía que la mejor manera de llevar a cabo una investigación por desacato era con testigos declarando bajo juramento, pero también dejó entrever que el gobierno podría verse obligado a proporcionar declaraciones por escrito para explicar quién dio las órdenes de “desafiar” su fallo.
El gobierno federal ha negado cualquier violación, asegurando que el juez emitió verbalmente su directriz de regresar los aviones, pero no la incluyó en su orden escrita. El abogado del Departamento de Justicia, Tiberius Davis, le dijo a Boasberg que el gobierno se oponía a más procedimientos por desacato.
Boasberg había encontrado previamente causa probable para declarar al gobierno en desacato criminal de la corte. El fallo marcó una batalla entre el poder judicial y el ejecutivo, pero un panel de tres jueces de la corte de apelaciones, coincidió posteriormente con el gobierno y anuló la decisión. Los dos jueces en la mayoría fueron nombrados por Trump.
El viernes, un panel más amplio de jueces del tribunal de apelaciones señaló que el fallo anterior de sus colegas no impedía que Boasberg avanzara con su investigación por desacato. La conclusión de desacato por parte de Boasberg fue una “respuesta moderada y esencial”, escribieron los jueces Cornelia Pillard, Robert Wilkins y Bradley Garcia.
“El cumplimiento de las órdenes judiciales es vital para la capacidad del poder judicial de cumplir con su papel constitucionalmente asignado”, escribieron. “Las órdenes judiciales no son sugerencias; son mandatos vinculantes que el poder ejecutivo, al igual que cualquier otra parte, debe obedecer”.
El gobierno invocó una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para enviar a los migrantes, a quienes acusó de pertenecer a una pandilla venezolana, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Argumentó que los tribunales estadounidenses no podían ordenar su liberación.
Boasberg dictaminó en junio que el gobierno federal debía otorgar a algunos de los migrantes la oportunidad de impugnar sus deportaciones, diciendo que no habían tenido la oportunidad de impugnar formalmente las expulsiones o las acusaciones de que pertenecían al Tren de Aragua.
El juez escribió que había surgido “evidencia significativa” que indicaba que muchos de los migrantes no estaban relacionados con la pandilla “y por lo tanto estaban languideciendo en una prisión extranjera con base en acusaciones endebles, incluso frívolas”.
Más de 200 migrantes fueron enviados posteriormente de regreso a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros con Estados Unidos.
Sus abogados quieren que Boasberg emita otra orden que obligue al gobierno a explicar cómo le dará a por lo menos 137 de los hombres la oportunidad de impugnar su designación como pandilleros al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Los hombres corren peligro en Venezuela y tienen miedo de hablar con abogados, quienes han podido contactar a unos 30 de ellos, pero “abrumadoramente” quieren seguir con sus casos, dijo el miércoles Lee Gelernt, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Davis destacó que podría ser difícil volver a poner a los hombres bajo custodia debido a las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Boasberg no dictaminó de inmediato sobre el asunto.
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