Agentes federales realizaron operativo de vigilancia contra progresistas y sindicatos

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Agentes federales llevaron a cabo a principios de este año una amplia operación encubierta de vigilancia contra organizaciones progresistas, sindicatos y otros grupos que protestaban contra la ofensiva migratoria que se vivía en esos momentos en Minneapolis, de acuerdo con documentos judiciales presentados el jueves.

El plan, de nombre Operación Puppet Master, estaba dirigido contra lo que las autoridades describieron como una red de conspiradores que ayudaba a “oportunistas y agitadores violentos”. Los documentos fueron presentados como parte de un caso en el que la fiscalía federal acusó a 15 personas en junio pasado de obstaculizar las redadas migratorias, argumentando que conspiraron contra el gobierno federal a través de una serie de acciones que iban desde lanzar trozos de hielo hasta instalar bloqueos.

Los documentos del gobierno fueron dados a conocer el jueves en conexión con una moción que presentó un abogado defensor en el caso, Kevin Riach, quien solicitó que las autoridades difundieran material adicional recopilado durante las investigaciones.

La realidad —según los documentos del gobierno revelados en virtud de las mociones— es que agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) se infiltraron en reuniones en iglesias, escuelas y parques que en la mayoría de los casos eran únicamente para debatir sobre protestas protegidas por la Constitución.

El DHS señaló en un comunicado que la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional no comenta sobre la existencia o el estado de una investigación en curso, así como tampoco sobre algún método de investigación. Remitió todas las preguntas a la oficina del fiscal federal en Minnesota, la cual no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press enviado fuera de horario laboral.

Puppet Master, y una operación posterior denominado Proyecto Whipple Shield, fueron una “investigación amplia y sin sentido” impulsada por cuestiones políticas y no por una conducta delictiva, afirmó Riach en una moción presentada el jueves.

Tómese, por ejemplo, una reunión del 31 de enero en una biblioteca de Minneapolis donde, de acuerdo con un informe del DHS, un agente encubierto identificado como “UCA 9833” escuchó mientras simpatizantes de un grupo climático progresista —Sunrise Movement— hablaban de sentadas, tácticas de desescalada y de “contar con la presencia de un enlace con la policía y de un responsable de seguridad durante eventos”.

“Durante la reunión de acción, quedó claro que la organización Sunrise Movement se enfocaba en protestas ‘pacíficas’”, reportó el agente.

Decenas de páginas de documentos describen a agentes que se infiltraron en reuniones, vigilaron grupos de chat de organizaciones activistas y utilizaron números de matrículas para elaborar listas con los nombres de asistentes a los encuentros.

Una presentación elaborada por la rama de investigaciones del DHS, de nombre “La conspiración”, muestra a 18 organizaciones que van desde un pequeño colectivo de reparación de bicicletas de Minneapolis hasta la AFL-CIO, la mayor federación de grupos laborales en Estados Unidos.

El gobierno también obtuvo años de ciertos registros financieros de grupos que van desde el Sunrise Movement hasta enormes sindicatos, incluidos el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y el Sindicato de Trabajadores de la Comunicación de Estados Unidos (CWA por sus iniciales en inglés).

“Se le solicita no divulgar la existencia de esta citación por un período de tiempo indefinido”, advirtió una solicitud del DHS a FedWire, un sistema de transferencias de fondos que es operado por la Reserva Federal de Estados Unidos.

“Es muy inquietante”, declaró Ahilan Arulanantham, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, campus Los Ángeles. Con el paso del tiempo, podría disuadir a las personas de expresar sus creencias, puntualizó.

Mucha gente no quiere vivir en un mundo en el que expresar sus creencias le dé a las agencias federales el derecho de investigarlos, afirmó.

“Es ese temor a ese estado policial que se va instalando”, dijo.

Los grupos que fueron investigados por el gobierno no ocultaron su molestia con la noticia.

“Nuestro sindicato se ha convertido en el objetivo más reciente de un gobierno corrupto que utiliza el proceso legal como un arma contra los estadounidenses que cumplen con la ley y que ejercen nuestros derechos constitucionales”, subrayó el presidente del CWA, Claude Cummings Jr., en un comunicado. ”No nos intimidarán y no nos silenciarán”.

El AP News Guild, el sindicato que representa a muchos de los empleados de The Associated Press, forma parte del CWA.

Una coalición de grupos de la sociedad civil del área de Minneapolis defendió el jueves las protestas y criticó las investigaciones.

El gobierno “arremete desesperadamente con la esperanza de intimidar a personas y a organizaciones que han demostrado el poder que tienen las comunidades que actúan juntas”, de acuerdo con un comunicado difundido por Unidos MN, un grupo local de derechos humanos.

El DHS desplegó durante unos tres meses a cerca de 3.000 agentes federales hacia el área de Minneapolis-St. Paul a partir de finales del año pasado, en lo que la agencia calificó como la “operación de control migratorio más grande de su historia”. Las redadas dejaron miles de arrestos, airadas protestas multitudinarias y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

El fiscal federal de Minnesota, Daniel N. Rosen, afirmó que las 15 personas acusadas formaban parte de dos grupos que caracterizó como “antifa”, un término empleado para describir a grandes rasgos a activistas militantes de izquierda.

Riach afirmó en su momento que su cliente, Isaac Sant, no estaba afiliado con antifa, a la que calificó como “un coco inventado por la extrema derecha”.