Hispano se declara culpable de fraude con fondos de COVID y contratación ilegal de trabajadores
AUBURN, Alabama (Telemundo Birmingham) - Un hombre hispano que estuvo en el centro de un operativo de múltiples agencias realizado en Alabama durante el verano de 2025 se declaró culpable de varios cargos federales relacionados con un esquema para obtener fraudulentamente fondos de ayuda por la pandemia de COVID-19 y contratar a personas que no estaban autorizadas legalmente para trabajar en Estados Unidos.
César Campos-Reyes, de 52 años y residente de Auburn, se declaró culpable el miércoles de cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y empleo ilegal de personas no autorizadas para trabajar en el país, según el Departamento de Justicia.
Campos-Reyes fue arrestado el 15 de julio de 2025, luego de que varias agencias federales realizaran operativos en ocho restaurantes y varias propiedades en Alabama. Los allanamientos incluyeron establecimientos en Opelika, Auburn, Prattville, Wetumpka, Deatsville, Luverne y Robertsdale, además de viviendas o propiedades en los condados de Lee y Macon.
De acuerdo con documentos judiciales y las admisiones realizadas como parte de su declaración de culpabilidad, Campos-Reyes solicitó y recibió fraudulentamente aproximadamente 866,500 dólares a través del Programa de Protección de Cheques de Pago, conocido como PPP, y del programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastre, EIDL.
Estos programas fueron creados bajo la Ley CARES para brindar asistencia financiera a pequeñas empresas afectadas por la pandemia. Sin embargo, las autoridades federales señalaron que Campos-Reyes admitió que no utilizó los fondos para los fines previstos.
En junio de 2020, utilizó 262.145,20 dólares de esos fondos para comprar una propiedad en Opelika, según el Departamento de Justicia.
Las autoridades también señalaron que Campos-Reyes admitió haber contratado y empleado, hasta el 15 de julio de 2025, a personas que no estaban autorizadas para trabajar legalmente en Estados Unidos en varios restaurantes que él poseía u operaba, pese a saber que no tenían permiso para trabajar en el país.
“Los fondos federales de ayuda por el COVID estaban destinados a ayudar a negocios legítimos y a sus empleados, no a ser desviados para beneficio personal o utilizados para mantener una fuerza laboral ilegal”, dijo el fiscal federal Thomas Govan. El funcionario agregó que las autoridades continuarán responsabilizando a quienes abusen de programas federales y violen las leyes del país.
Campos-Reyes ahora enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión federal por fraude electrónico, hasta 10 años por lavado de dinero y hasta seis meses por empleo ilegal de personas no autorizadas, además de posibles multas y el decomiso de ganancias y bienes incautados durante la investigación.
La sentencia será determinada por un juez federal después de una audiencia que será programada en los próximos meses. A diferencia del sistema estatal, el sistema federal no contempla libertad condicional.
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